La Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM) manifiesta públicamente su rechazo y preocupación ante la contrarreforma de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010.

Esta nueva legislación, más restrictiva, sitúa a España entre los países menos respetuosos con los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea.

Queremos insistir en que esta medida tomada por el actual Gobierno atenta contra la autonomía reproductiva de las mujeres, derecho reconocido por la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), que el Estado suscribió y ratificó, y que obliga a los diferentes gobiernos a realizar actuaciones encaminadas a su cumplimiento. Asimismo, atenta contra las indicaciones recogidas por la Organización Mundial de la Salud en su guía “Aborto sin riesgos” y contra las normativas propuestas por la Organización de Naciones Unidas, de la que el Estado también forma parte activa.

Como profesionales expertas y expertos en sexualidad y planificación familiar apoyamos toda medida encaminada a favorecer los embarazos planificados y las maternidades y paternidades positivas y responsables. Y para ello, pensamos y podemos demostrar que las únicas medidas que demuestran validez y fiabilidad son la educación sexual de hombres y mujeres, el acceso a medios anticonceptivos, los servicios de educación y asesoramiento sexual adaptados a las necesidades de la población y el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo segura y legal.

Además, defendemos una comprensión de la vida más allá del momento de la concepción, basada sobre todo en la calidad de vida. Las medidas legislativas anunciadas no implican una mejora en la calidad de vida ni se adecuan a la realidad social actual, sino todo lo contrario. Este tipo de acciones sólo responden al deseo de decidir por las mujeres, impropias de un gobierno desarrollado actual.

Por ello, desde aquí exigimos al Gobierno que detenga estas medidas restrictivas e incoherentes, fundamentadas en un argumento ideológico y moralista, sin ningún criterio científico, sanitario ni social de los apoyados por organismos internacionales como la IPPF, la OMS o la ONU. Vivimos en un Estado de Derecho y las mujeres somos y son sujetos de derecho, y los Derechos Sexuales y Reproductivos son también derechos.