El Ministerio del Interior ha resuelto con gran celeridad el recurso de reposición que la Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto contra la declaración de utilidad pública que el propio Ministerio había reconocido a la FPFE hace tan sólo un mes.  La FPFE se ha enterado por el BOE de que se admite dicho recurso y se revoca la declaración de utilidad pública.

Esta noticia se suma a las continuas acciones mediáticas de acoso que la FPFE sufre desde hace bastantes meses por parte de esta asociación de abogados, y que son muy similares a las que están sufriendo otras asociaciones de planificación familiar por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos por parte de grupos de presión ultraconservadores.

Dejando al margen las acciones legales que la FPFE pueda tomar contra un procedimiento que podría no cumplir con la legalidad y contra una persecución de la que se podrían derivar responsabilidades, queremos manifestar que las acciones por la que se nos persigue son la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir.

Como bien dice la resolución del Ministerio del Interior que hoy hemos conocido, la FPFE tiene sus cuentas claras y en orden, además de auditadas, como se desprende de la declaración de utilidad pública que se nos reconoció hace sólo semanas después de un proceso que comenzó en febrero de 2015 y que ha supuesto el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes. Por tanto, la FPFE no ha sido sancionada por “financiación ilegal” como se ha publicado en diversas ocasiones y en diversos medios. Se ha usado una falta administrativa leve, que en su momento (y con posterioridad a que se hubiera solicitado la declaración de utilidad pública) se nos advirtió y la FPFE reconoció y subsanó ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como falso argumento para la criminalización.

Respecto al argumento de que la FPFE promueve el aborto, hay que recordar que esta entidad no gestiona ningún centro autorizado para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, también queremos decir que vamos a seguir defendiendo el aborto seguro y legal, tal y como hacen, entre otros, organismos internacionales como la OMS, y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas. Rechazamos la criminalización de las organizaciones que por este motivo están sufriendo acoso de grupos de presión ultraconservadores.

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) trabaja desde 1987 con múltiples entidades públicas y privadas en actividades de formación, asesoría e información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de atención especialmente a población en situación de vulnerabilidad como personas jóvenes, inmigrantes o jóvenes con discapacidad intelectual. Nuestros centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) en Barcelona, La Coruña, Albacete y Madrid son conocidos por sus buenas prácticas y cumplen un papel de complementariedad con los recursos públicos de salud.

Evidentemente esta resolución del Ministerio y la persecución de que venimos siendo objeto tienen efectos dañinos para nuestra actividad y para nuestras posibilidades de búsqueda de recursos, lo que sentimos especialmente por aquellas personas a las que atendemos y que difícilmente encuentran esta atención por otras vías. Además, en unos tiempos en que la corrupción atraviesa diversas actividades públicas en nuestro país, ser acusados  de malas prácticas económicas causa un evidente daño a nuestra imagen.

Sin embargo, y siempre con base en los derechos y en la salud, la FPFE seguirá llevando a cabo sus actividades a pesar de la persecución que pueda sufrir por ello. Unas actividades que el propio Ministerio del Interior ha reconocido como de utilidad pública hace tan solo unas semanas.